Reseñas

Los 300 dramas detrás del incumplimiento de la sentencia del aborto

De los casos, la mitad no se hicieron y en el resto exigieron requisitos que no son legales.

Carolina* y su esposo llevan más de dos años prácticamente viviendo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público de Bogotá.

Los 300 dramas detrás del incumplimiento de la sentencia del aborto

Desde el embarazo, al bebé le diagnosticaron problemas neurológicos y una malformación pulmonar que le impide respirar por sí solo, y por eso nunca ha podido correr por un parque.

El caso, que está en proceso de revisión en la Corte Constitucional, forma parte de una lista de 300 historias de mujeres que solicitaron abortos legales y tuvieron en riesgo su vida por la demora en los procedimientos o que -al menos la mitad- nunca recibieron el servicio.

La ONG Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres acaba de revelar un informe sobre el incumplimiento de la sentencia que despenalizó el aborto en casos de violación, malformaciones del feto o grave riesgo para la vida o la salud de la madre.

Casos como el de Carolina, que entuteló a su EPS para que le practicaran un aborto y que cuando ganó la demanda ya su bebé había nacido, se cuentan por decenas.

La ONG también les ha hecho seguimiento a los casos de 20 niños que nacieron producto de una violación y a otros 11, con malformaciones, y cuyas madres habían solicitado la interrupción del embarazo. Varios de ellos han terminado en demandas contra el Estado.

Mientras en el Congreso hace trámite un proyecto que busca prohibir el aborto en todas las circunstancias, la Corte Constitucional sigue denunciando que solo la Superintendencia de Salud ha cumplido parcialmente su fallo.

En los cinco años que lleva vigente la despenalización parcial del aborto, ocho hospitales y EPS han sido sancionados por no cumplir el fallo, pero los 300 casos del informe de la Mesa para la Vida y la Salud no llegaron a sanciones.

Hace poco la Súper expidió una circular en la que les advertía a todas las entidades que no pueden negarse a realizar los procedimientos cuando se cumple con el certificado médico, único requisito establecido por la Corte.
La mayoría de EPS no se conforma con el certificado médico que estableció la Corte como único requisito para realizar los abortos en los casos legalizados. Así, la familia de una mujer de 24 años que tenía discapacidad cognitiva no logró que la EPS interrumpiera el embarazo, que por los problemas de salud de la madre claramente había sido producto de una violación.

Dos jueces rechazaron la acción de tutela hasta que la madre decidió acudir a un sitio clandestino. La tutela fue revisada y fallada a favor de la demandante por la Corte Constitucional, que señaló que «la Entidad Promotora de Salud dilató de manera injustificada la práctica del aborto» al exigir requisitos adicionales al denuncio por la violación.

Cinco años después de la implementación de la sentencia que despenalizó parcialmente el aborto, sus formas de regulación siguen siendo incipientes.

Frente a los casi medio millón de abortos ilegales que se realizan al año en Colombia (según un estudio del Instituto Guttmacher), en el 2010 solo hubo 238 interrupciones legales registradas por el Ministerio de Protección Social.
Una de las razones que explica la escasa práctica de abortos legales tiene que ver con las pocas IPS que se han ajustado a la sentencia. Al respecto, el Instituto Guttmacher estableció que en Colombia el 89% de instituciones en capacidad de ofrecer servicios de IVE, no los realizaron. Según esta encuesta algunas de las razones más comunes de las IPS para negar la atención son la falta de infraestructura (55%), la falta de personal capacitado (13%), la objeción de conciencia (14%), entre otras barreras.

Más casos
– Claudia acudió a su médico por un dolor en el abdomen. Tras los exámenes le diagnosticaron un embarazo de 8 semanas. Dos meses después, una ecografía ultrasónica determinó que el bebé tenía una malformación ósea. El feto tenía, según el diagnóstico, «signos severos de displasia ósea, que compromete principalmente las extremidades» y «osteogénesis imperfecta».

La Junta Médica recomendó la interrupción del embarazo, pero el ginecólogo de la EPS exigió una orden judicial, a pesar de que la paciente presentaba fuertes problemas de salud. Finalmente, dos meses después, se tuvo que realizar una cesárea de emergencia.

– Adiela, madre de cinco hijos, tenía displasia cervical severa cuando supo que estaba embarazada. Esto llevó a sus médicos a suspender la cirugía que necesitaba con urgencia. Aunque ella y su esposa insistieron en el tratamiento, la EPS y un juez se lo negaron porque este era incompatible con el embarazo. Sin embargo, el bebé murió semanas después y le tuvieron que realizar un procedimiento de urgencia (curetaje) para extraer los restos fetales.
La Corte Constitucional concedió, años después, la tutela, y reprochó a los médicos porque se arrogaron el derecho a decidir sobre el embarazo por encima de la vida de la paciente.

* Nombre cambiado por petición de la fuente
Milena Sarralde Duque
Especial para EL TIEMPO

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